Estamos en un escenario muy complejo relativo a la economía, ad portas de una recesión mundial como auguran muchos expertos en el tema y nuestro país se verá seriamente afectado en asuntos sumamente relevantes para la población como el empleo, los salarios, la tasa de crecimiento y la inversión, dañando el dinamismo de la economía.

A lo anterior se suma el descontento social que estalló el 18 de octubre entrando el país en un grave problema de gobernabilidad lo que motivó al Presidente de la República ha reestructurar sus prioridades.

Es así como ante la grave crisis que tiene a los ciudadanos clamando en las calles para que el Gobierno genere políticas públicas que restituyan la normalidad y que respondan a dichas demandas, hizo que se modificaran las urgencias de diversos proyectos de reformas.

Uno de los efectos del cambio de prioridades fue el caso de la Reforma al Sistema Registral (Notarios y Conservadores), que no tiene ahora suma urgencia.

Lo anterior se explica por diversas razones y una fundamental es la necesidad de redestinar los recursos ya que la implementación que significa reestructurar el Sistema Registral se traduce en una pesada carga financiera para el Estado.

El Ministerio de Justicia señaló que esta reforma implicaría un gasto de $2.100 millones que debería asumiría el Fisco y que el costo anual para mantener el nuevo sistema se cifra en $1.300 millones. Sobre el mismo asunto, el estudio realizado por la consultora CEOP estimó la inversión en $16 mil millones y los costos operacionales en $6.300 millones anuales.

Todo lo anterior causará un impacto económico de proporciones que, ciertamente, no se ha calculado de manera correcta si se consideran los resultados del estudio mencionado que distan mucho de los que entregó la cartera de Justicia.

Con todo lo expresado no se quiere decir que no haya que propender a la modernización del sistema registral, de hecho desde el mismo gremio se ha avanzado mucho al respecto, sobre todo en la forma de brindar el servicio mediante la incorporación de tecnología para que los ciudadanos accedan de manera más expedita a la realización de sus trámites, donde se considera no sólo a las personas, sino que también a los distintos actores del sector inmobiliario como los bancos y las empresas inmobiliarias, con lo cual se ha aportado al dinamismo de la economía lo que redunda en beneficios para la ciudadanía.

En concreto, lo que hoy urge es que desde el Estado se prioricen los proyectos que realmente se convertirán en un beneficio para todos y en eso claramente se está en deuda. Las tasas de desempleo van en aumento, la inversión se está estancando, el crecimiento económico va en franco retroceso y podríamos sumar una serie de otras situaciones que refuerzan el hecho que buscar un cambio radical en el sistema registral, ciertamente no es lo prioritario y además es un mal momento ya que el país y el mundo entero está pasando por una crisis.

Agregar este tipo de iniciativas a la agenda legislativa, siendo que es algo que la población no está solicitando y que se reitera, funciona de manera correcta y a un costo razonable, es contraproducente. Las reales necesidades de primer orden, con proyectos de ley mucho más urgentes, por los que claman los ciudadanos y que aún no llegan a materializarse son los que hay que priorizar que son por todos conocidos: Reforma Previsional, Reforma Tributaria, Reforma Laboral,  y un largo etc.

La agenda política y económica del país, desde el estallido social, sencillamente cambió y ya se comienzan a ver las señales, como por ejemplo, bajar la urgencia a la Reforma del Sistema Registral, que como ya se explicó en párrafos anteriores, desviaría ingentes recursos del Fisco que con el escenario actual, son necesarios para otros menesteres.

Si se hiciera una encuesta se vería que los usuarios de este sistema reconocen que funciona bien y que custodia de buena manera sus bienes inmuebles, a un costo razonable y que no les significa un pago periódico como lo sería el seguro de título.

En resumen, el gobierno ha escuchado las demandas de los ciudadanos y ha comenzado a reorganizar su agenda legislativa para administrar de mejor manera los recursos del fisco tendiendo a poner el foco y los esfuerzos donde a la ciudadanía más le importa ya que los chilenos en términos generales, están conformes con el servicio, la seguridad y certeza jurídica sobre sus bienes que brinda el sistema registral.

Esperemos que el Gobierno siga por el camino correcto y no persista en la idea de derrumbar las instituciones que sí están funcionando y que cuentan con una tradición de más de 160 años como es el caso del sistema registral, que, además, no sólo aporta ingresos al fisco sino que también brinda un buen servicio y siempre está en constante proceso de modernización para facilitarle a la ciudadanía los trámites de tal forma de ayudar en la economía doméstica y familiar, como por ejemplo, con la posibilidad de realizar sus trámites a distancia gracias a las bondades de los sistemas informáticos, ahorrando tiempo y dinero en los desplazamientos, entre otras tantas cosas cotidianas que afectan el bolsillo ya que todo ahorro, dependiendo de la capacidad económica familiar, es siempre bienvenido.