Otra causal para rechazar la inscripción del título si es en algún sentido legalmente inadmisible: que el alimentante esté inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos

Nota editorial: las opiniones expresadas en esta revista son propias de sus autores o autoras y no pretenden evidenciar, necesariamente, las apreciaciones de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, ni la de sus integrantes o de su Comité Editorial, en las problemáticas jurídicas que se discutan.


Descarga este artículo


Yasna Otarola E.

Instituto de Ciencias de la Familia, Universidad de los Andes, Chile.

El derecho de familia ha sido objeto de importantes modificaciones en materia de alimentos. En efecto, el Código Civil y la ley n.º 14908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, han sido recientemente alterados por la ley n.º 21389, que crea el registro nacional de deudores de pensiones alimenticias, y la ley n.º 21484, de responsabilidad parental y el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, las cuales determinan nuevos medios para asegurar la solución de las pensiones de alimentos; entre estos, establecen ciertos deberes a los auxiliares de la administración de justicia, en especial al Conservador de Bienes Raíces.

En nuestro sistema, los titulares de alimentos son el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el donante si la donación es cuantiosa, la madre del hijo que está por nacer (ley n.º 14908), el adoptado o adoptante (ley n.º 7613) y el deudor afecto a un procedimiento concursal y su familia (ley n.º 20720). Los requisitos para solicitarlos son el estado de necesidad de la persona que los pide (arts. 323 y 330 del CC); y que el alimentante posea facultades económicas para soportarlos (art. 329 del CC)[1]. De ahí que puede afirmarse que la base sobre la que se levanta el derecho a pedir alimentos son las relaciones matrimoniales, el parentesco, la gratitud en el caso del donante, y que su fundamento se halla en la protección de la familia, el matrimonio, el interés superior del niño y del más débil.

En ese contexto, se han previsto algunas medidas que constriñen el pago de los alimentos, por ejemplo, el arresto del alimentante (art. 14 de la ley n.º 14908); arraigo en contra del alimentante (art. 14 de la ley n.º 14908); retención de la devolución anual de impuestos a la renta (art. 16 de la ley n.º 14908); rescisión y nulidad de los actos ejecutados por el alimentante (art. 5 de la ley n.º 14.908); separación judicial de bienes si se hubiesen decretado apremios reiterados (art. 19 de la ley n.º 14908); denegación de la demanda de divorcio interpuesta por el cónyuge alimentante (art. 55 de la Ley de Matrimonio); responsabilidad solidaria de aquellos que colaboran en el incumplimiento del alimentante (art. 18 de la ley n.º 14908), y otras más que no acabamos de señalar[2].

En lo que interesa al objetivo de este artículo, esto es, la calificación registral y el tráfico de los bienes, se establece la obligación de consultar, retener y pagar en las operaciones de crédito de dinero; calificar las enajenaciones o transferencias de bienes sujetos a registro y comunicar esto último al Tribunal de Familia.

En ese orden, el proveedor de servicios financieros debe consultar el Registro de deudores, cuando se trate de un mutuo igual o superior a 50 unidades de fomento y si el solicitante tiene una inscripción vigente, retendrá el equivalente al 50 por ciento del crédito o un monto inferior si este es suficiente para extinguir el monto de los dineros adeudados y pagar esta suma al alimentario.

Asimismo, la entidad a cargo de la inscripción de dominio “[…] solo podrá admitir la solicitud cuando se deje constancia en el título traslaticio, por un notario público, de que el cincuenta por ciento del dinero correspondiente al precio de venta, o una proporción inferior si ésta es suficiente para solucionar el total de la deuda, ha sido retenido y pagado al alimentario, […] el pago en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados desde la inscripción”.  Para tal efecto, si se trata de un inmueble el Conservador consultará el Registro de deudores y examinará el título (art. 31 de la ley n.º 14908). 

Todavía más, si se trata de una hipoteca “[…], en forma previa a la constitución de una … que tenga por objeto caucionar el crédito otorgado por un proveedor de servicios financieros, requerirá a quien solicita la inscripción que acredite que la persona a la cual se le asigna el crédito no figura en el Registro en calidad de deudor de alimentos, o en su defecto, que el proveedor de servicios financieros ha dado cumplimiento a los deberes de retención y pago señalados en el inciso anterior” (art. 28 de la Ley No 14.908). De modo que para transferir el dominio de la propiedad o el derecho de hipoteca el comprador o el mutuario no deben encontrarse inscritos en el Registro de deudores de pensiones de alimentos a la fecha de otorgarse los títulos respectivos y tal situación debe certificarse por el notario. A lo que se añade que la inscripción debe requerirse en un plazo que no excede de cinco meses contados desde la fecha del contrato. 

Así, el Conservador califica si el comprador o el mutuario figuran inscritos en el Registro de deudores, y si lo están, que se retuvo y pagó al alimentario. De no ser así, rechazará la inscripción, a menos que se certifique por un notario que a la fecha de la suscripción del título esas inscripciones no existían y que a partir de esa fecha no han transcurrido cinco meses.

Por último, si el encargado del Registro es el Conservador, comunicará al Tribunal de Familia que se ha solicitado la inscripción de una transferencia, o transmisión o adquisición de un inmueble, cuyo solicitante es una persona que debe alimentos. El Conservador que transgreda estas obligaciones es sancionado con una multa a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad que se debió retener y pagar al alimentario. 

En todo caso, la infracción de estas obligaciones no afecta la validez de la inscripción de dominio ni la transferencia. Sin embargo, en nuestro concepto, los deudores de pensiones de alimentos inscritos en el Registro pueden afectar la circulación de los bienes. Los mutuantes ‘proveedores financieros’ podrían abstenerse de participar en el tráfico por miedo a perder el precio pagado o el dinero prestado, pues de ahora en adelante tienen la obligación de consultar si el solicitante de un crédito se encuentra inscrito en el Registro, y de estarlo, retener parte del monto del crédito y pagar lo que se hubiere retenido. A su turno, los compradores podrían inhibirse de contratar o adquirir bienes inmuebles a su nombre debido a las restricciones que les impone la ley y, por consiguiente, afectar el incremento de los ingresos y el patrimonio sobre el que podría pagarse la deuda alimenticia.

Para evitar situaciones como estas es preciso armonizar los derechos subjetivos de los titulares de alimentos con el derecho a adquirir bienes por el alimentante inscrito en el Registro de deudores, lo cual solo puede conseguirse por medio de la publicidad registral que permite conocerlos –‘Registro de deudores’– y saber cuál es el estado jurídico de los bienes inmuebles que se pretenden transferir o enajenar –‘Registro Conservatorio’–, considerando la libertad para disponer por parte del deudor y la presencia de cargas –‘deudas alimenticias’– que afectan la seguridad y la eficacia erga omnes del tráfico inmobiliario. 

De esta forma, en nuestro concepto el Conservador mantiene y extiende la función de examinar y calificar la adecuación y el cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico a través del control de legalidad de los títulos presentados a registro; antes de proceder a la inscripción apreciará la no expresión o la expresión de que el solicitante se encuentra inscrito en el Registro de deudores, circunstancia que según la ley n.º 14908 debe verificar, y se suma a la nueva institucionalidad de los alimentos colaborando en el pago de las pensiones adeudadas, disponiendo de una nueva causal de calificación que prioriza el cumplimiento de esta obligación por los alimentantes, en virtud de la importancia que tiene el mantenimiento de la familia y sus integrantes para nuestra sociedad.

Bibliografía

Del Rey Barba, Sebastián (2021). “La calificación registral”, en Manuel Espejo Lerdo de Tejada, y Sebastián del Rey Barba (eds.). Tratado de Derecho Inmobiliario Registral. Valencia: Tirant lo Blanch.

Jara, Eduardo (2023). “Modificaciones generales introducidas a la Ley No 14.908 por las leyes N.os 21.389 y 21.484”, en Macarena Vargas y Paz Pérez (eds). Nueva institucionalidad en la ejecución de los alimentos. Santiago: Thomson Reuters, pp. 37-58.

Peñailillo, Daniel (2019). Los Bienes. La propiedad y otros derechos reales (2ª edición). Santiago: Thomson Reuters.

Sánchez Calero, Francisco y Blanca Sánchez Calero (2019). Manual de Derecho Inmobiliario registral. Valencia: Tirant lo Blanch.

Valenzuela, Ester (2023). “Derecho de alimentos de niños, niñas y adolescentes a la luz de los principios fundamentales de la Convención internacional sobre derechos del niño”, en Macarena Vargas y Paz Pérez (eds). Nueva institucionalidad en la ejecución de los alimentos. Santiago: Thomson Reuters, pp. 37-58.

Vargas, Macarena y Paz Pérez (2023). Nueva institucionalidad en la ejecución de los alimentos. Santiago: Thomson Reuters.

Normas citadas

Ley n.º 14908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, de 5 de octubre de 1962.

Ley n.º 21484, sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, de 31 de agosto de 2022.

Ley n.º 21389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos.

Sentencias citadas

Corte Suprema (2023b): 08/09/2023, 38981-2023. CL/JUR/36823/2023.

Corte Suprema (2023d): 08/08/2023, 141524-2022. CL/JUR/32591/2023.

Corte Suprema (2023c): 04/09/2023, 162507-2022. CL/JUR/36358/2023.

Corte de Apelaciones de Santiago (2023): 15/02/2023, 332-2023. CL/JUR/6189/2023. 

Corte de Apelaciones de Santiago (2023a): 13/02/2023, 286-2023. CL/JUR/6145/2023. 

Corte de Apelaciones de Chillán (2022): 14/12/2022, 298-2022. CL/JUR/46893/2022.

Corte de Apelaciones de Santiago (2022): 09/09/2022, 3449-2022. CL/JUR/34911/2022. 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt (2022): 25/08/2022, 339-2022. CL/JUR/32975/2022.

Corte Suprema (2022): 24/08/2022, 1543-2022. CL/JUR/32969/2022.

Corte Suprema (2023a): 14/09/2023, 189484-2023. CL/JUR/37326/2023.


[1] Corte Suprema (2023a). Ambos padres deben solventar las necesidades de la alimentaria mayor de edad de acuerdo a sus facultades monetarias. Corte Suprema (2022). Demandante tiene más de 28 años, no cumpliéndose presupuestos legales para continuar percibiendo alimentos. Corte Suprema (2023b). Infracción del principio de la razón suficiente al establecer la capacidad económica del demandado con antecedentes no ofrecidos en juicio. Corte Suprema(2023c). Sentencia impugnada no indica cuál es la variación de las circunstancias que habilitan hacer lugar a la acción de rebaja. Pensión debe ser proporcional con las facultades económicas de las partes. Corte Suprema (2023d). Alimentos debe comprender lo preciso para que la persona que los solicita pueda desarrollarse espiritual y materialmente. Padres deben contribuir a los alimentos en proporción a sus respectivas facultades económicas.

[2] Corte de Apelaciones de Puerto Montt (2022). Medidas de apremio por no pago de pensión alimenticia. Improcedencia de medida de suspensión de licencia de conducir. Corte de Apelaciones de Santiago (2022). Orden de arresto decretada producto de no pago de pensión de alimentos. Amparo se encuentra en la hipótesis de carecer de los medios necesarios para pagar las pensiones de alimentos devengadas, por encontrarse sin trabajo. Corte de Apelaciones de Santiago(2023). Deuda de pensión de alimentos. Medida de arresto nocturno por incumplimiento en pago de pensión de alimentos. Pago parcial que se efectúe frente al requerimiento de pago no entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución ni hará exigible una nueva liquidación. Corte de Apelaciones de Santiago (2023a). Alimentos menores. Incumplimiento de pensión alimenticia. Medida de apremio de arresto nocturno. Corte de Apelaciones de Chillán (2022). Tribunal de Familia que decreta arresto nocturno por el plazo de 10 días. Amparado se encuentra en la imposibilidad de disponer de su patrimonio –por retención judicial– para pagar o abonar su obligación alimenticia.

Compartir

Deja una respuesta

CONTÁCTENOS

Para consultas sobre la Revista póngase en contacto a través de este formulario

Dirección

    Corporacion Chilena de derecho registral
    © 2022 – Corporación Chilena de Derecho Registral – Avenida Bulnes #79 Oficina 50, Santiago de Chile